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Juan Roberto Zavala

Hacia nuevas políticas públicas

Juan Roberto Zavala

Es innegable que hoy en día, principios de 2015, nuestro país atraviesa por un período de serios problemas, que aunque si bien se vienen dando desde hace varios años, se agudizan en la actualidad, de forma tal que hace difícil el regreso a la normalidad, mediante la necesaria confianza en el sector público, en los funcionarios de todos los niveles y en los políticos de todos los partidos.

Un crecimiento económico mediocre, que agudiza la pobreza y la desigualdad, a lo que se agrega una estrepitosa caída del precio del petróleo y la elevación, como contrapartida para los mexicanos , del precio de la gasolina y del gas licuado; una fuerte depreciación del peso frente al dólar; una inflación mayor a la establecida por la política monetaria; una reforma fiscal que por su desbordado afán recaudatorio inhibe el consumo y provoca malestar entre los contribuyentes; un aparato productivo incompleto y desarticulado; una deuda pública que en su expresión más amplia llega a 7 billones 152 mil 245.6 millones de pesos y la pérdida de valor, en la Bolsa Mexicana de Valores, de los papeles de algunas empresas, es el escenario en que vivimos los mexicanos.

Todo esto en un país donde uno de cada dos mexicanos viven en pobreza, es decir 53.3 millones de personas (45.5 por ciento), pues el 65 por ciento de la población, con ocupación laboral, tiene un ingreso que va de cero a tres salarios mínimos (el salario mínimo actual es de 70.10 pesos diarios o 2103 pesos mensuales en el área geográfica A, las más alta). Además, de la población total del país, el 13.5 por ciento padece de desnutrición crónica.

En apoyo a lo anterior mencionamos el documento elaborado a fines del 2014 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) donde se establece que desde 1992 el ingreso en los hogares no se ha elevado y la pobreza no ha disminuido, pues el ingreso de los hogares es bajo y las percepciones laborales han perdido poder adquisitivo en relación con el valor de la canasta alimentaria, siendo el acceso a la seguridad social la mayor carencia y el mayor reto la generación de empleos de calidad y con salarios adecuados.

En cuanto a la caída del precio del petróleo es de mencionar que en el año 2013 y especialmente en el 2014 hubo una notoria disminución en la producción y que a pesar de su menor costo a nivel internacional, el precio de la gasolina para los mexicanos ha venido sufriendo constantes incrementos, porque, a decir del gobierno federal, casi el 50 porciento de la que consumimos se importa de los Estados Unidos, donde el litro de gasolina, equivalente a la Magna, se vende al consumidor en alrededor de nueve pesos, es decir casi el 34 por ciento menos que en México.

Aunque el gobierno federal asegura que blindó el precio del petróleo con operaciones por un total de 773 millones de dólares, también preocupa, pues el seguro protege solo si el precio del crudo se mantiene arriba de los cincuenta dólares. Al cerrar este artículo el precio estaba ya en 44.81 dólares.

Esta importación y su consecuente alza por el valor del dólar se puede reducir substancialmente con el establecimiento en el país de tres o cuatro refinerías, pero inexplicablemente los últimos gobiernos y el actual se han rehusado a hacerlo. Dato importante a conocer es que desde 1979 no se construye una refinería en el país.

Por lo que toca a la depreciación del peso frente al dólar y aunque algunas familias reciben recursos de paisanos en los Estados Unidos, que favorecen a la economía de nuestro país, pues solo de enero a noviembre de 2014 las remesas sumaron 21 mil 407millones de dólares y otros pocos pudientes ya sacaron sus capitales del país y los invirtieron en los Estados Unidos; las más perjudicadas serán las clases populares, pues deberán comprar más caros alimentos y otros productos. Es de recordar que en México el 30 por ciento de la población ocupada sobrevive en la informalidad.

En este escenario no podemos disociar y dejar de mencionar la deuda del sector púbico, que a decir de un estudio de Carlos Fernández Vega, solo durante los últimos dos años se ha incrementado en un billón 300 mil millones de pesos y que de mantenerse ese ritmo de endeudamiento, para finales del sexenio cada mexicano (incluidos los recién nacidos) adeudaremos no menos de 84 mil pesos.

A decir del mismo Fernández Vega, los datos los obtuvo del informe mensual sobre el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es decir el comportamiento de la finanzas y la deuda púbica de la Secretaría de Hacienda, que cierra el mes de noviembre con una deuda, en su expresión más amplia, de 7 billones 152 mil 245.6 millones de pesos, monto equivalente a 42 por ciento del producto interno bruto.

En esta cantidad “se agrupan la deuda neta del sector público presupuestario, las obligaciones netas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pasivos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), los asociados a los proyectos de inversión pública financiada por el sector privado (PIDIREGAS), los correspondientes a los Programas de Apoyo a Deudores, así como la pérdida esperada de la banca de desarrollo y los fondos de fomento”.

A esta deuda, según el mismo estudio, los mexicanos debemos sumar otro grueso pasivo, alrededor de 500 mil millones de pesos que deben las 32 entidades de la República, que por supuesto se cargarán también a la población.

Planteados estos problemas con la contundencia que merecen, los mexicanos debemos preguntarnos sobre la conveniencia de la continuidad de las actuales políticas públicas y la necesidad, después de un análisis profundo, de cambiarlas radicalmente a otras que tengan como eje central un real y definitivo combate a la corrupción y la impunidad y un verdadero anhelo de llevar bienestar y progreso a las familias.

Los problemas no deben ser aliviados, como actualmente se hace, con nueva deuda para incrementar el gasto y pronunciamientos y discursos, sino tomar medidas de fondo, que con determinación y talento y con la participación del mayor número posible de ciudadanos, eviten los sobornos, el tráfico de influencias y la impunidad en los altos mandos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es decir el enriquecimiento ilegítimo de la clase política de nuestro país a cargo del erario público, es decir de nosotros los ciudadanos.

Solo así se podrá recuperar la credibilidad perdida en el sector público y en los actores políticos de México y con ello empezar a operar con una eficiencia y honestidad tal, que nos lleve a una mejor distribución de la riqueza y con ello al abatimiento de la pobreza y a una mejoría en la calidad de los servicios, especialmente los de educación y salud.

 

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