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Juan Roberto Zavala

Sobre la violencia en nuestro país
 
Juan Roberto Zavala

 

La dimensión de los diversos episodios que recientemente ha vivido nuestro país: la posible ejecución de 22 jóvenes en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, por miembros del ejército mexicano y el asesinato en Iguala, estado de Guerrero,  de tres jóvenes estudiantes, un futbolista y  un chofer de autobús, así como la desaparición de 43 normalistas , nos recuerda que  aunque si bien el uso de la fuerza pública es responsabilidad y deber del Estado para garantizar la paz social, es también un imperativo  el respeto a la vida y los derechos humanos de quienes aquí vivimos.

Esto, porque en ocasiones el uso de esta fuerza pública se hace con violencia, lo que de alguna manera resquebraja la relación entre la sociedad y su gobierno, pues resalta la injusticia y la desigualdad entre los diversos sectores de la sociedad.

En el primero de los casos y aunque al principio se intentó ocultar o que pasaran  desapercibidos estos delitos, un artículo de la revista Esquire México, presentó el dicho de una testigo que asegura que el 30 de Junio del 2014,  los 22 jóvenes fueron abatidos, a pesar de que ya se habían entregado a los soldados.

A esto se agregó la condena del director de Human RightsWatch, José Miguel Vivanco, quien agregó que de ser ciertos estos hechos “nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México”, pidiendo se investigara para llegar a la realidad.  Con todo esto la PGR inició una investigación previa y la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó ser “la más interesada en que este incidente sea investigado a fondo”.

Al cierre de este artículo, al menos un oficial y cuatro soldados de tropa habían sido detenidos e ingresados a la prisión del Campo Militar número 1-A, en la Ciudad de México y tres de ellos enfrentarán cargos por homicidios y otros delitos.

El segundo episodio, el asesinato de tres y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de Septiembre del 2014,  que presuntamente pudiesen  haber perdido la vida a manos de policías municipales, coludidos con miembros del crimen organizado, también ha cimbrado a la sociedad mexicana y llamado la atención a nivel internacional.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos pide “una investigación a fondo y transparente” para esclarecer la desaparición y muerte de los 43 estudiantes y se pronunció porque los responsables sean llevados ante la justicia, en tanto que  el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, demandó “el esclarecimiento de un asesinato tan inhumano como absurdo, que enluta no solo a los mexicanos, sino a todos los países de las Américas”.


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Por su parte el Consejo Coordinador Empresarial, en su análisis semanal citado por el periódico La Jornada, dice que los graves incidentes que se presentaron recientemente en México, incluidos homicidios de personajes políticos y actos de brutalidad extrema del crimen organizado, así como ejecuciones y desapariciones “son evidencia de que la delincuencia(…) sigue siendo el desafío más crítico para la nación.

Esta absurda violencia y su impunidad, a la que aparentemente nos estamos acostumbrando los mexicanos, aún que se trate de importantes sectores de la población, no es nueva en nuestro país, pues a través de la historia ha  habido tragedias de esta misma,  o mayor envergadura, como lo veremos en unos pocos ejemplos.

En 1910 la Revolución Mexicana estalló, no solo por las aspiraciones del sufragio efectivo  y la no reelección, sino porque,  por una parte,   el porfiriato  había enriquecido a un pequeño grupo de familias que eran dueñas de hacienda, fábricas, comercios, bancos, minas, etc, y por la  otra, la mayor parte de la población, campesinos, obreros, mineros, vivían una existencia con pobreza e insalubridad.

Fue tal la violencia durante este movimiento armado,  tanto de las fuerzas del gobierno como de los revolucionarios,  que  aunque no se tienen cifras exactas de personas muertas,  se estima en 1millón 400 mil  las que perdieron la vida.

Asimismo recordamos que el 28 de junio de 1995, aproximadamente 400 miembros de la policía motorizada y judicial del estado de Guerrero, asesinaron a 17 campesinos e hirieron a otros 23 en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, región de la Costa Grande, cuando se dirigían a exigir a las autoridades estatales apoyo para la producción, láminas, carreteras, escuelas, centros de salud y protección de bosques y áreas naturales.

Aunque al principio el gobierno del Estado circuló un video en donde aparecían los cuerpos de los campesinos tendidos en el camino, con armas en la mano, y aseguraba que los policías habían repelido la agresión, más adelante se supo la verdad y diez de ellos fueron condenados por estos crímenes, con diversas sentencias.

Más adelante, el 22 de Diciembre de 1997, 45 indígenas totziles, de la organización “Las Abejas”, fueron asesinados por paramilitares mientras oraban en una iglesia de la localidad de Actael, en el municipio de Chenalchó, en la región de Los Altos, Chiapas. De ellos 16 eran niños y adolescentes, 20 mujeres y 9 hombres adultos.

Aunque 26 indígenas fueron identificados como los autores materiales de los crímenes, en 2009 la mayor parte de ellos obtuvieron un amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lograron su libertad.  En la época, defensores de los derechos humanos consideraron estos hechos como una estrategia del gobierno para desarticular la base social de la localidad de Actael y que el procedimiento judicial fue inadecuado.

Vale la pena recordar,  también, la peor masacre de indocumentados en nuestro país, cuando en Agosto de 2010 , 72 de ellos ( guatemaltecos, salvadoreños, costarricenses y un brasileño)  fueron asesinados en el Ejido El Huizachal , municipio de San Fernando, Tamaulipas, cuando en un camión se dirigían a lo Estados Unidos en busca de trabajo y con ello de una vida mejor, siendo interceptados, aparentemente, por miembros del crimen organizado.

Después de bajarlos en un rancho y a decir del único sobrevivente, el ecuatoriano Luis Fredy LalaPomavilla , invitados a unírseles o pagar rescate, los 58 hombres y 14 mujeres, entre ellos algunos menores de edad, fueron colocados contra la pared  y luego fusilados con armas de alto poder. Después, los aparentemente “zetas” les dieron el tiro de gracia.

Por esos, muchos otros casos en la historia y por los actuales, es necesario erradicar el clima de impunidad que reina en nuestro país, castigando a los responsables, única forma de evitar la violencia y con ella este tipo de crímenes. Es de recordar que nuestra Constitución establece que la seguridad pública corresponde, es su obligación, a la Federación, los Estados y los Municipios.

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